reporteenergia.com.-Antes de revisar las conclusiones del FIGAS 2010, es necesario partir con el análisis del efecto que tuvieron las conclusiones del FIGAS 2009. En ese sentido se cumplió con la elaboración de la Memoria que recopiló el pensamiento, previsiones y análisis del sector en ese tiempo.

Sin embargo, a un año del primer Foro Internacional del Gas, es necesario preguntarse si las autoridades responsables de manejar el sector energético boliviano tomaron en cuenta las conclusiones y recomendaciones que se plasmaron en las Conclusiones del FIGAS 2009.
De manera unánime expertos, analistas y líderes de opinión señalan que a excepción de la firma de la Adenda con Argentina (que fue una sugerencia del FIGAS 2009), se han dado pocos avances.
En ese sentido, los resultados de no haber atendido las sugerencias y conclusiones que el FIGAS entregó a personeros del Gobierno en su momento, se están viendo ahora en forma de una producción de gas prácticamente estancada en 43 o 44 MMCD.
A su vez, se puede observar proyectos que no avanzan, tal el caso de la industrialización; inversiones que no se concretan pese a tener mil millones de dólares disponibles en el Banco Central de Bolivia (BCB); un relacionamiento entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y algunas gobernaciones casi nulo con los perjuicios que eso representa para el país; mecanismos de coordinación inexistentes (Consejo Nacional de Energía e Hidrocarburos); lento cambio en la matriz energética, con campañas de transformación a GNV y poco crecimiento de redes domiciliarias; regalías e ingresos por renta petrolera, no ha mejorado y en la mayoría de los casos ha cambiado perjudicando a las gobernaciones.
Asimismo se evidencia la inexistencia de una campaña agresiva de exploración hidrocarburífera. La nueva Ley de Hidrocarburos sigue en proceso de gestación, ocasionando que las inversiones sigan siendo tibias. Aunque existen reglas claras para los inversionistas, no se promociona el país de la manera adecuada.
Bolivia sigue siendo protagonista en el contexto energético regional pero está dejando de ser la alternativa principal (por no decir la única alternativa) de Brasil y Argentina que han encontrado en el GNL y en el Pre Sal la seguridad energética que Bolivia muchas veces no pudo brindar.
Por todo lo antes mencionado, se espera en esta oportunidad que los responsables de la política energética, hagan uso de los insumos que a través de las siguientes conclusiones entrega el FIGAS este año.




Conclusiones y propuestas FIGAS 2010

•    Se evidencia la ausencia coyuntural de reservas de petróleo y gas, aunque a futuro ello no impedirá la industrialización de éste último con valor agregado. No obstante, se manifiesta que es necesario avanzar en el aumento de reservas certificadas de hidrocarburos.
•    Asimismo, se considera que es inútil debatir sobre la cantidad de reservas, porque los mejores especialistas en geología afirman - mediante estudios - que Bolivia tiene menos del 20% de su territorio explorado, por lo que con inversión adecuada en perforación exploratoria se encontrarán nuevos reservorios, que posteriormente serán certificados y aptos para su comercialización.
•    Sin embargo, la noticia referida a la reducción de reservas ha generado inestabilidad y desaceleración de proyectos de expansión, por lo que se pone en duda la verdadera capacidad de YPFB de asumir nuevos compromisos con terceros países. La solución a esta problemática pasa necesariamente por incrementar la actividad exploratoria en el país.
•    Se remarca que únicamente con nuevos descubrimientos comerciales podrá rediseñarse la política energética nacional y recién considerar la industrialización como una salida viable al incremento de valor al gas natural.
•    Desde el 2003 está descuidada la potencialidad boliviana de generar industrias de valor agregado del gas como: electricidad con plantas termoeléctricas, diésel sintético a partir del gas; nuevos energéticos como el dimethil éter, sustituto del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
•    Asimismo se demuestra la existencia de carencias de generar industrias a partir de combustibles como: urea, metanol, fertilizantes, petroquímica de segunda generación para plásticos, solventes, pinturas y otros, además de exportación excedentaria de gas en la modalidad de Gas Natural Licuado (LNG). En este marco, es perfectamente posible que Bolivia sea parte de ese circuito de países vendedores de energéticos.
•    Los contratos con Argentina, Brasil y eventualmente la industrialización junto con la puesta en marcha del proyecto siderúrgico Mutún y el mercado interno estarán garantizados, siempre y cuando haya inversión en exploración para motivar la producción.
•    Se sugiere al Estado asociarse con capitales externos para que - en el marco de una adecuada legislación -  se financie los procesos de exploración, producción e industrialización,  para posicionar nuevamente a Bolivia como centro de distribución de energía.
•    Con respecto al financiamiento de proyectos de escala en el área hidrocarburífera, es posible movilizar, como capital de aporte del Estado, hasta 6.000 millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas (RIN) - que bordea los 8.500 millones de dólares - además de aceptar el ofrecimiento de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) de 4 mil millones de dólares para invertir en proyectos estatales de industrialización del litio e hidrocarburos. 
•    En suma con los 10.000 millones de dólares, Bolivia podrá asociarse con capitales externos para hacer un programa intensivo de exploración, producción e industrialización en un marco legal apropiado. Para esto se requiere, obviamente, una nueva Ley de Hidrocarburos y un ambiente de estabilidad democrática que garantice la inversión externa.
•    Un aspecto para apuntar es que si bien el proceso post nacionalización  aún se encuentra en fase de implementación, llama la atención la poca inversión en proyectos nuevos.
•    Aunque el marco contractual (en lo concerniente a los contratos de operación), ha pasado por un normal proceso de ajuste desde su suscripción hasta la fecha, probablemente las mayores dificultades encontradas tengan que ver con las consultas públicas a los pueblos originarios, que de no ser reglamentadas adecuadamente, se constituirán -en definitiva- en una traba para el normal desarrollo de la industria, sin quitarle el derecho que estos pueblos deben ejercer sobre los recursos naturales y territorio.
•    Las licitaciones (en lo referente a empresas de servicios y suministros) pasan por dificultades de índole burocrática que deben ser reglamentadas. Los reclamos de empresas que prestan estos servicios son unánimes.
•    Es fundamental para el país seguir en el camino de la “gasificación”,  por ejemplo con la conversión del transporte público y de carga a GNV, a fin de eliminar subsidios a los combustibles líquidos y GLP, que a diferencia del gas natural, tienen  producción deficitaria en el país.
•    Es importante notar que los fondos destinados al subsidio de combustibles, son capaces de pagar la conversión de vehículos y uso masificado del gas en industrias, en un cortísimo plazo, generando ahorros a largo plazo muy significativos para el Estado.